El nuevo pedido de habeas corpus se hizo en representación de más de 80 represores autores de delitos de lesa humanidad con condena firme. El principal argumento de estas organizaciones es la edad de los involucrados y la supuesta falta de condiciones del Servicio Penitenciario Federal. En el texto señalaron que se hacía "en favor de los adultos mayores detenidos en cárceles, por la omisión de las disposiciones contenidas en la Convención Interamericana de Protección a Personas Mayores, con jerarquía constitucional por ley 27.700, que obliga al Estado a adoptar medidas alternativas a la prisión carcelaria, menos gravosas, previstas en la Ley de Ejecución Penal y el Código Procesal Penal Federal, y que deben ser interpretadas y aplicadas de conformidad con la citada convención". Además, expresaron que "el sistema penitenciario se encuentra superpoblado y fue declarado en emergencia".