Maqueda y Rosatti plantearon que la discusión suponía "un debate clásico entre el respeto a la voluntad popular y la alternancia en el ejercicio de los cargos", y postularon que impera el "principio de mayoría" cuando se permiten una o dos reelecciones pero que el problema surge cuando se trata de "reelección ilimitada". Según los jueces, la cuestión "parece dejar de ser meramente cuantitativa para transformarse en cualitativa".
Por eso, argumentaron que la reelección indefinida "diluye la separación de poderes" y "atenta contra el propio principio democrático". "La personalización del Poder Ejecutivo por un tiempo extenso e ilimitado debilita el sistema de frenos y contrapesos" y puntualizaron que, a su vez, habilita que el gobernante de turno "acumule -tras varios mandatos sucesivos- ventajas inadecuadas para una leal contienda electoral".
En la definición de su voto, explicaron que "limitar la democracia puede ser la única forma de resguardarla", aunque advirtieron el peligro de caer en "los extremos de la proscripción política o la personalización del poder".