La denuncia fue llevada adelante por el Ministerio de Seguridad, que señala que Laborde "inició sin ningún tipo de autorización oficial, gestiones internacionales contactando a la familia del Gendarme en Argentina, a fin de entregarle 'una carta' a Nahuel Agustín Gallo, con la colaboración del Gobierno de Venezuela".
"El obrar del imputado Laborde no fue una 'cuestión humanitaria', como él pretende presentarlo en los medios. Muy por el contrario, lejos de defender los derechos humanos del gendarme 'desaparecido', lo que hace es superponerse indebidamente a la gestión diplomática internacional de la República Argentina, a fin de justificar la abiertamente criminal conducta de las autoridades venezolanas, bajo el pueril pretexto de un supuesto 'ingreso irregular' que abonaría la inventada sospecha de 'espionaje', además de avalar las condiciones de detención, de desaparición, generando un supuesto conocimiento sin haber indicado las más mínimas pautas legales de su detención, avalando de ese modo el crimen de desaparición forzada", continúa la presentación.
Según el texto, "el Gobierno argentino no le ha solicitado ninguna intervención ni gestión diplomática alguna al imputado Laborde, ni -por supuesto- ha autorizado ninguna acción para que realice gestiones ante el gobierno de Venezuela. Su obrar solo tiene por objeto colaborar con el régimen que detuvo ilegalmente al Gendarme Gallo, presentando como 'humanitario' a un gobierno dictatorial, y como 'fascista' a nuestro gobierno democrático, al presentar el caso como un ingreso ilegal destinado a intervenir en un país extranjero mediante un 'servicio de espionaje' con una Fuerza de Seguridad en forma ilegítima".