Para ello, se valieron de la estructura del aparato estatal, amparándose en los roles institucionales que tenía cada uno de los intervinientes", añadió la resolución.
En el marco de este plan "se realizaron encarcelamientos arbitrarios, asesinatos, actos de tortura, desaparición forzada de personas, traslado forzado de la población, deportaciones, censura mediática, privación de atención médica, supresión de matrículas profesionales habilitantes, persecución por motivos políticos y religiosos, cancelación de la personería jurídica y quita de la nacionalidad".
Para el juez, se montó un "plan generalizado y sistemático" que fue "estructurado en distintas etapas, en cuyo marco de suscitaron las conductas señaladas" y que empezó entre abril y junio de 2018, con la represión de diversas protestas sociales en Nicaragua.