Surgió en respuesta a la deuda contraída por el gobierno Mauricio Macri en 2018, cuando Argentina acordó un préstamo con el FMI por u$s44.000 millones sin intervención del Congreso.
La ley establece que el endeudamiento en moneda extranjera bajo ley extranjera, y con prórroga de jurisdicción, requerirá autorización del Congreso. Asimismo, los acuerdos futuros con el FMI deberán también ser aprobados por el Parlamento, garantizando así una mayor transparencia y debate público sobre estas decisiones.
En el Artículo 2º, la ley indica que "todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente".